10 de febrero de 2010 | Fue el tema de la charla organizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad, el 9 de febrero de 2010, en la que se analizó la estructura y el funcionamiento del sistema de salud en el país con el fin de entender la Sentencia de la Corte Constitucional T-760 de 2008 y la reciente declaratoria de ‘Emergencia social’ a partir de la cual el gobierno nacional emitió unos polémicos decretos.
La exposición estuvo a cargo de Tatiana Andia, quien fue directora de programas académicos en el Cider hasta 2009. “Las tutelas son como la fiebre si hablamos de que el sistema de salud colombiano está en cuidados intensivos”, fue una de sus afirmaciones para referirse al constante aumento de estos reclamos, que supera los que se hacen por cualquier otro concepto (el número de tutelas en salud pasó de 92.229 en 2006 a 346.424 en 2008 según la Defensoría del Pueblo).
La gente no está recibiendo lo que necesita y las tutelas son solo un síntoma o una de las fallas del sistema, debido a lo cual se presentó la ‘Emergencia social’. Otro síntoma son los recobros al Fosyga, que alcanzaron los 628.000 millones de pesos en 2006, mientras en 2008 superaron el billón.
Pero antes de hablar de soluciones y ahondar en estos dos temas, Andia explicó tres tipos de sistemas de salud en el mundo: el público, el de seguridad social en salud y el privado, para llegar finalmente a entender lo particular del sistema colombiano. Como ejemplo claro del público mencionó a Inglaterra, donde todos los ciudadanos y residentes están asegurados por el Estado en un modelo integrado financiado por impuestos.
Con Alemania, explicó el modelo de seguridad social en salud, que es público y el aseguramiento obligatorio. Y finalmente, el país representante del sistema privado es Estados Unidos, donde se afilian –en pocas palabras- quienes quieren y pueden.
El de Colombia es un sistema mixto regulado, explicó Andia, “como intermedio entre el privado y de seguridad social”. Aquí los proveedores y aseguradoras son privados, pero hay regulación estatal. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no pueden discriminar a nadie, como sí pasa en Estados Unidos que por preexistencias cobran más caro o no aseguran. En Colombia no pasa eso, y al mismo tiempo es obligatorio estar afiliado.
El gran problema aquí, según los economistas, es que el sistema de financiación del sistema de salud colombiano está desbordado y debe replantearse, dijo la expositora. Entre otros, por el problema de los recobros al Fosyga (que resulta pagando por medicamento a veces hasta 5 veces más de lo que vale).
La sentencia T-760 identificó en 2008 que había que modificar el POS y regular tratamientos no cubiertos por éste. Para tal fin es indispensable actualizarlo y unificarlo, lo cual no se ha podido porque no hay información suficiente y sin esa información no se pueden hacer perfiles epidemiológicos y perfiles de riesgo para la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Como en teoría hay una quiebra o problema de financiación en el sistema y es necesario liberar recursos y abordar temas de desvíos de recursos, el Gobierno expidió el Decreto 4975 declarando el estado de ‘Emergencia social’, norma que permitió durante el mes de enero de 2010 expedir 11 decretos sin necesidad de acudir al Congreso.
La mayoría de decretos –criticados por asociaciones médicas y científicas, usuarios de servicios médicos, EPS e incluso gremios y analistas económicos- están encaminados a resolver problemas fiscales y unos tres a resolver problemas de regulación.
Aunque son muy extensos los decretos, dijo Tatiana, tratan de resolver tanta problemática. Sin embargo, se corren riesgos como que se debiliten aún más los recaudos del régimen contributivo y tienden a fragmentar la cobertura del aseguramiento y a desnaturalizar la responsabilidad de los aseguradores.
