15 de abril de 2009 | “Las causas que adujo el gobierno colombiano para haber declarado emergencia social fueron bastante cuestionables”, dijo Manuel Iturralde, profesor asistente de la Facultad de Derecho y doctorado en Derecho de la London School of Economics and Political Science, al respecto de la declaratoria de emergencia social por el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con el fin de atender la crisis desatada por la insolvencia de las pirámides.
Este fue el tema que se debatió en la charla ‘La crisis de las pirámides: ¿coyuntural?’, realizada el 31 de marzo en la Universidad. Adicionalmente, dijo Iturralde durante su intervención, varias de las medidas asumidas durante la emergencia social se quedaron cortas. “El estado de emergencia social se terminó hace un par de meses y aún quedan serios problemas por resolver en relación con las pirámides”, dijo el moderador del conversatorio, Antonio Barreto, profesor asistente de la Facultad de Derecho y doctorado en derecho de Yale Law School.
Al respecto, Gustavo Duncan, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y autor del libro ‘Los señores de la guerra’, quien también fue invitado al conversatorio, habló de los orígenes del fenómeno e hizo un especial énfasis en la captadora ilegal de dinero DMG, que nació en La Hormiga, Putumayo. Él expuso que este negocio se creó con el propósito de democratizar dinero obtenido por narcotraficantes, quienes mediante sus aportes lavaban activos ilícitos mientras engrosaban las arcas de la pirámide. Es así como pudieron responderle a sus clientes hasta el final. Numerosas pirámides surgieron en diferentes municipios del país, aprovechando el prestigio de DMG, pero muchas de ellas sin contar con vínculos directos con el narcotráfico. “Esos sistemas fueron mucho más frágiles”, concluyó el docente, y agregó que además de que estafaron a mucha gente, irónicamente no fueron el blanco principal del estado de emergencia declarado por el Presidente, quien se ocupó primordialmente de DMG. “Innumerables víctimas aún no han recibido indemnización ni se han capturado a varios de los responsables que montaron pirámides”.
Las opiniones surgieron todas en el conversatorio, como otro de los debates de jurisprudencia constitucional que se dan en un espacio creado por la Facultad de Derecho para discutir las decisiones más recientes de la Corte Constitucional colombiana desde distintos puntos de vista. En esta ocasión, el Área de Teoría Jurídica y el Observatorio de Justicia Constitucional fueron los encargados de invitar a los profesores Iturralde y Duncan.
