Alicia Yamin, becaria de The Joseph H. Flom Global Health and Human Rights Initiative, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (EU) y coanfitriona del debate.
26 de marzo de 2009 | Una cobertura universal del sistema de salud colombiano, es decir, que entre 1.5 y 3 millones de personas no afiliadas al sistema estén incluidos para 2010 en el régimen subsidiado y además que para el mismo año toda la población con capacidad de pago ingrese al régimen contributivo, entre muchos otros decretos formulados por la corte en su sentencia de Tutela T -760 de 2008, fueron discutidos en Los Andes durante el debate 'La Corte, las cuentas y la salud: ¿Cómo reformar el sistema de salud en Colombia?’.
Natalia Millán, investigadora y editora de la revista Coyuntura Social de Fedesarrollo, fue una de las convocadas, junto a otros expertos, a dialogar y proponer distintas soluciones sobre el tema del derecho a la salud que todavía tiene mucho retos pasados 6 meses de la implementación de la sentencia.
El Programa de Justicia Global de la Facultad de Derecho de Uniandes, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard y el diario El Espectador, fueron los encargados de este evento, que se repetirá periódicamente para exponer a la luz pública aspectos técnicos, económicos y de políticas públicas de diversos temas coyunturales y de interés nacional.
La investigadora Millán argumentó las dificultades que encuentra en la sentencia con ejemplos como el costo que implicaría unificar el Plan Obligatorio de Salud (POS) subsidiado con el POS contributivo y además afiliar al sistema a toda la población pobre y vulnerable sin subsidios a la demanda (vinculada); todo esto sumaría –dijo- más de $5 billones, casi dos puntos porcentual del PIB.
En cuanto a las alternativas de financiamiento, mencionó el aumento de impuestos generales como el IVA y los impuestos a la renta. Pero según la experta, no se puede pretender que la solución para financiar el sistema de salud sea a través de altos impuestos a la nómina.
Añadió que se necesita un debate serio porque no se puede pretender -con esas condiciones- una economía donde la formalidad aumente. Por el contrario, habló de un círculo vicioso de la informalidad que se crearía con todo esto: si hay mayor cargo a la nómina, se reduce la base de aportantes y más aun con la crisis económica que viene, opinó. De ahí su afirmación de que todo esto le resulte insostenible.
Alicia Yamin, becaria de The Joseph H. Flom Global Health and Human Rights Initiative, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (EU), y coanfitriona del evento, comentó que en todo el mundo es difícil financiar un único sistema de salud sin gran cantidad de impuestos a la renta y que eso siempre ha generado tensiones, incluso en Francia y Alemania.
El peso de los recobros
Por su parte, Oscar Andia, vicepresidente de Política Farmacéutica Nacional de la Federación Médica Colombiana, habló sobre el impacto de los recobros (de las EPS al Fosyga por medicamentos y tratamientos no incluidos en el POS contributivo) aseguró que lo que dice la sentencia no frenará los recobros ni detendrá la crisis financiera del sistema de salud y que no implicará un freno a esos recobros el hecho de que las tutelas vayan a los Comités Técnicos Científicos (CTC). Según su presentación, con lo que se recobra hoy por tutelas se podría atender a miles de pacientes, sean del régimen subsidiado o del contributivo.
“Creemos que el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) estará en crisis en 2011”, agregó. Según dijo, debido a que los productos no POS (como el Clopidogrel, que representó la mayor cantidad de recobros por CTC o tutela) llevarán a la quiebra el sistema.
De acuerdo con Andia estuvo Juan Manuel Díaz-Granados, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, quien también dijo que es problemático el ritmo como incrementan las nuevas tecnologías en salud y los nuevos medicamentos no incluidos en el POS: “su seguimiento a través de los comités hará colapsar al sistema”, puntualizó.
La sentencia es, en sus palabras “una oportunidad de ver el iceberg, pero ahora hay que pensar cómo llevar el barco a puerto”. La corte dice que unifiquen los POS, que hay que hacer cuentas para que el sistema no colapse. Pero si no hay recursos no hay derechos, citó Díaz-Granados y concluyó que ahora la corte encuentra gravísimo el asunto de regulación y ese es el reto actual.
