Daniel Bonilla, director del Grupo Derecho de Interés Público de Los Andes, y la asesora jurídica Natalia Ramírez.
29 de enero de 2009 | Colombia acaba de lograr un avance histórico en materia de igualdad de derechos civiles, políticos, sociales, económicos, migratorios y penales, entre otros, para parejas del mismo sexo y que antes solo estaban reservados para parejas heterosexuales. Todo, gracias al fallo de la Corte Constitucional –dado a conocer el 27 de enero– sobre la demanda presentada por el Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, la organización no gubernamental Colombia Diversa y el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).
Esta sentencia fue el último paso en un proceso largo de litigio estratégico –un tipo de trabajo jurídico que busca impactar no únicamente a un individuo o grupo de individuos, sino contribuir a la solución de un problema social estructural–, cuya demanda empezaron a redactar las tres organizaciones hace cuatro años, y que como primer fruto de su trabajo logró que el 7 de febrero de 2007 la Corte Constitucional fallara a favor de los derechos patrimoniales entre parejas del mismo sexo.
“Como consecuencia de esa sentencia seguimos trabajando temas relacionados con salud, pensiones y esta gran demanda, con la que quisimos atacar los remanentes que había en el ordenamiento jurídico de normas que discriminaban a parejas del mismo sexo. Los temas son tan diversos como migración, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, derecho penal y expandir el derecho que tienen las parejas heterosexuales de no estar obligados a testificar en contra de su pareja”, explica Daniel Bonilla, director del G-DIP.
Es de resaltar que la demanda buscaba expandir no solo los derechos de las parejas del mismo sexo sino sus obligaciones, por ejemplo, que las parejas homosexuales de funcionarios públicos fueran consideradas también personas inhabilitadas para contratar con el Estado, es decir, que el régimen de inhabilidades existente también aplique en estos casos, así como las normas relacionadas con violencia intrafamiliar, lo cual no sucede en la actualidad.
“En el contexto latinoamericano esta sentencia es notable porque es un reconocimiento muy amplio a la igualdad de las parejas del mismo sexo. En otros países como Argentina o México hay reconocimiento de la unión marital de hecho para los homosexuales, sin embargo no hay un reconocimiento tan amplio como el que se establece en esta última sentencia de la Corte Constitucional de Colombia”, dice Bonilla.
Alianza estratégica entre academia y sociedad
Por su parte, Natalia Ramírez, una de las asesoras jurídicas del G-DIP, manifiesta que si bien este es un paso muy importante hacia la igualdad formal porque lo que se logró es que en el campo del ordenamiento jurídico se reconoce que las parejas heterosexuales son iguales a las homosexuales, no se debe perder de vista que queda el reto de pasar de esa igualdad formal a la material, es decir, que realmente impacte la vida cotidiana de las personas en nuestra sociedad.
“Ese es un trabajo que debemos realizar no solo los académicos y las organizaciones sociales sino cualquier ciudadano realmente interesado en que Colombia sea más igualitaria y mucho más democrática. Algo interesante de este proyecto es que demostró que pertenece tanto a la comunidad LGBT como a quienes no hacen parte de ella. De hecho, para trabajar en estos temas no es necesario ser homosexual sino estar comprometido con la noción de igualdad en nuestro país. Esa es la alianza estratégica”, dice Bonilla.
Además, de Daniel Bonilla y Natalia Ramírez, el G-DIP está conformado por el profesor Manuel Iturralde y los asesores jurídicos Juan Diego Álvarez, Gina Cabarcas y Alejandra Azuero.
Nota relacionada:
Corte falló a favor de los derechos patrimoniales de parejas homosexuales
