Francisco Leal, sociólogo y analista de la realidad colombiana; María Emma Wills, directora del Departamento de Ciencia Política de Uniandes; Álvaro Camacho, director del Ceso; Claudia López, analista política, y el historiador Jorge Orlando Melo.
14 de noviembre de 2008 | Para celebrar sus 10 años de creación, el Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (Ceso) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes realizó el 11 de noviembre la mesa redonda ‘Academia y sociedad’ donde la analista política Claudia López y los profesores Jorge Orlando Melo, Francisco Leal y María Emma Wils analizaron la relación entre las universidades y los problemas sociales.
Según Claudia López, problemas actuales, como el de la ‘parapolítica’ por ejemplo, no parecen ser muy estudiados por las universidades. “Solo encontré 11 títulos de libros realizados por centros académicos sobre el fenómeno del paramilitarismo, lo cual no tiene que ver con insensibilidad ni con falta de información”, aseguró.
Utilizando este ejemplo, la analista política postuló cinco hipótesis que, según ella, podrían explicar la distancia de la academia con estos temas. La primera tiene que ver con el devenir histórico: la probabilidad de acceder a conocimiento académico de nivel universitario se ha ampliado, sin embargo, los centros académicos no han sido capaces de absorberla toda.
Segunda: las organizaciones sociales que trabajan en algunos temas específicos son nichos para algunos centros de conocimiento, ya que la organización social ha venido incorporando permanentemente conocimiento académico a su quehacer.
La tercera tiene que ver con las diferencias en la forma como se produce el conocimiento en las universidades y en las organizaciones sociales, en cada una hay diferentes protocolos, estructuras, requisitos, fuentes de financiación, temáticas, etc.
Cuarta: además de las preferencias, ideologías y demás cosas obvias de los individuos y las instituciones, la financiación es un tema de selección adversa en ciertos temas. La guerra, es un ejemplo ya que nadie está llamado a ser héroe o demandante por oficio. La presión del conflicto les dejó como herencia la autocensura a la academia, al periodismo, a la política y al ejercicio de la ciudadanía.
La última hipótesis: los colombianos adoptaron, como imperativo ético, el saber quiénes hicieron la guerra y qué les hicieron a las víctimas, al país, a la democracia y a la estructura territorial. Eso ya no es un conocimiento optativo en Colombia sino un imperativo, no solo para la academia sino para la sociedad en su conjunto, afirmó López.
Para la analista política, ese era el compromiso de las organizaciones sociales desde antes de la expedición de la Ley de Justicia y Paz y de la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, ya que buena parte de las víctimas tenían algún tipo de vínculo con esa realidad, lo cual genera una mayor sensibilidad, a diferencia de lo que ocurre en otras instituciones como las universidades.
Sin embargo, para abordar la complejidad de los problemas no será suficiente la mirada desde la academia sino que también se requiere de la organización social, cuya información no debe tratarse con desprecio. Al respecto, recomendó construir puentes de diálogo que permitan aprovechar las ventajas que tienen tanto las organizaciones sociales como la academia para abordar la problemática. “En lugar de mirarnos con resentimiento y recelo, lo que el país espera es estrechar los puentes, el reconocernos con respeto y trabajar juntos”, agregó.
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